“Los órganos judiciales arrastran dos millones y medio de casos pendientes”

El vocal del CGPJ asegura que una justicia lenta “conlleva numerosos males” y ayuda a la impresión de insatisfacción generalizada por su funcionamiento

Cómo puede conjugarse la eficacia, la rapidez y la predicibilidad de la justicia que demandan los ciudadanos

con los escasos medios, la intromisión política y la complejidad de la estructura de funcionamiento. Ésa era la crucial cuestión anoche en el patio árabe del Casino Gaditano, donde se inauguró el cuarto curso del
Foro de Cádiz, el ámbito de debate patrocinado por esa institución, Cajasol y Diario de Cádiz. Juan Carlos Campo Moreno, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue el encargado de inaugurar esta edición con su conferencia titulada «Los estatutos de autonomía y el nuevo modelo de Justicia».

El título no apabulló tanto a los presentes como algunos de los datos que fue desgranando el ponente. A los presentes les impresionaron algunas cifras, llamativas para el profano, sufridas por los profesionales yadministradores de la Justicia: en el último año llegaron a los juzgados y tribunales españoles más de 8 millones de asuntos. No es falta de capacidad de trabajo: “Se resolvieron 7.800.000 –dijo Campo–, pero tenemos un acumulado y pendiente de dos millones y medio”. Preocupante porque la cifra va en aumento, así lo reconoció el vocal del CGPJ, quien añadió otro motivo de preocupación: “De un lado, sube el número de asuntos, de otro se incrementa el pendiente y, consecuencia de los anteriores, los tiempos de respuesta se disparan”. Y el caso es que no deja de incrementarse el número de órganos judiciales, “por encima de los países de nuestro entorno”. Y sin embargo, los nuevos órganos “son engullidos por un sistemaincapazde dar a los ciudadanos una respuesta pronta y certera”. La “insatisfacción” marca la percepción generalizada que se tiene de la justicia, por tanto. “Comparto la idea de que vivimos una fuerte crisis del modelo institucional de la gestión de la

Administración de la Justicia”, aseguró Campo, que se marcó como objetivos lograr “plazos razonables y predecibilidad de las resoluciones judiciales”.

Ni siquiera pensó el conferenciante que le diera tiempo a “decirles cuántos males conlleva una justicia lenta” y cómo “una justicia rápida impediría los fenómenos patológicos que acabo de enunciar”. Éstos eran, por ejemplo, los “juicios paralelos” que hacen algunos medios de comunicación “que no juegan demasiado
limpio”. Juan Carlos Campo pareció más bien lamentarsede la “arquitectura compleja” de la Justicia que estableció la Constitución española, complejidad incrementada cuando “los Estatutos de Autonomía incorporaron normas que vinieron a incidir claramente” en ese ámbito. Tiene no obstante la receta Campo para dar un poco de luz a este entramado: la idea básica de que la justicia no puede corresponder sólo a los jueces. Ahí tendrían que actuar los llamados Consejos de Justicia, como órganos de gobierno a nivel autonómico. Se trataría, según Campo, de la oportunidad de dar entrada a otros sectores jurídicos que no
fueran los estrictamente referidos a jueces y magistrados. “Al igual que no sería concebible que la política sanitaria la diseñaran exclusivamente losmédicos, tampoco resulta factible que en una democracia avanzada un colectivo en exclusiva, los jueces, sean los que diseñen la política judicial”, dijo muy gráficamente.

El otro fundamento para la mejora estaría en la justicia de proximidad, en lo que él llamó “el primer escalón jurisdiccional” y la “necesidad” imperiosa de contar con este paso, “que pueda resolver en un corto espacio de tiempo asuntos de escasa relevancia jurídica teniendo un acceso limitado al segundo escalón jurisdiccional”. En este sentido, Campo llamó la atención sobre el hecho de que “de un universo de unos
4.200 jueces, en 2007 actúan de media, diariamente, 580 jueces y 254 fiscales sustitutos”. Este sistema
se lleva anualmente 55 millones de euros de los presupuestos, cifra que podría ser disminuida con el funcionamiento adecuado de los jueces de proximidad y una reforma adecuada de la Justicia de Paz. Reforzar el valor de la jurisprudencia y aclarar las funciones de los Tribunales Superiores son otras de las parcelas que propuso tocar Juan Carlos Campo.

COLOQUIO

“El CGPJ hace política judicial, pero la gente debe saber que los jueces no”

Entre el público asistente a la conferencia de ayer la preocupación mayor era la supuesta injerencia de la política en la justicia. Así dicho podría sonar veraz y ajustado a la realidad. En cierta forma, Juan Carlos
Campo lo desmintió al responder a las preguntas que le planteó José Joaquín León, director de Diario de Cádiz, que fueron planteadas por los presentes, mayoritariamente vinculados al ámbito jurídico, pero
también al político, sobre todoal socialista.

Campo respondió a una primera pregunta afirmando que “hay que estar en un esfuerzo de pedagogía constante”. Es decir, “el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, y como tal hace política, pero política
judicial, y está en su derecho; otra cosa son los tribunales, que aplican la justicia con independencia y aplicando la ley”. “Y de esto la gente es consciente”, remachó, aunque por si acaso, advirtió que el Consejo del Poder Judicial “no puede dejarse llevar por el debate político general”.

En otra respuesta, dejó claro que para él no hay ahora mismo mayor politización en los miembros del CGPJ, y preguntó a su vez con un argumento incontestable: “¿Cómo y quién puede dudar que la elección de sus miembros, por los representantes del pueblo, no sea buena?”. Lo que sí le parece insoportable es un Consejo que lleve tanto tiempo sin renovar desde que expiró sumandato: “Es ya casi el 20% de nuestro mandato anterior. A veces me siento como un yogur caducado”, dijo muy expresivamente.

A otra pregunta, respondió rotundamente que en España no está en peligro la separación de poderes. “Esta existe y hay manifestaciones todos los días”, afirmó. Y volvió a aclarar: “El CGPJ no es la Justicia, es el gobierno de los jueces, y por eso es razonable que no esté compuesto sólo por jueces”. Afirmó Campo que los problemas los tienenmás bien otros poderes: “Creo que vivimos ahora en la debilidad del Parlamento frente al Ejecutivo”.

Le preguntaron también, era inevitable, sobre las críticas del PP a los fiscales y al tribunal que ha juzgado los atentados del 11- M. “Obvio por elegancia la primera parte de la pregunta”, dijo, para afirmar a continuación que la sentencia sobre este caso “es modélica y debe suponer una satisfacción para todo el modelo judicial
español”.

No quiso entrar a fondo en las reformas que ha introducido en la justicia el Estatuto de Andalucía, del que dijo en su conferencia que había ido mucho más lejos que los de otras comunidades. En el coloquio se limitó a responder que “quien tenía la capacidad para hacerlo lo ha hecho y la población lo ratificó mayoritariamente”.

Sobre la posibilidad de reformar el sistema de oposiciones para acceder a la carrera judicial, sugerida por el ministro de Justicia, Campo dijo que pese a esas manifestaciones, él no conoce ningún proyecto de cambiar el sistema. No obstante, dejó claro que le parece mal “impedir que juristas de competencia reconocida enriquezcan la justicia” al actuar como jueces.

Volvió a defender el reforzamiento de la justicia de proximidad y recordó la cantidad de jueces sustitutos que es necesario contratar para sacar adelante casos, que podrían ser resueltos en una primera instancia. Se explayó en ésta como en ninguna respuesta, y defendió con ardor la necesidad de este primer escalón
fundamental: “Nos merecemos una justicia titular permanente”. Un dato para cerrar y reflexionar: “De los dos millones y medios de casos pendientes de resolver, a Andalucía le corresponden más del 20%”