Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y (casi) Mallorca cuentan con nuevos bastidores estatutarios. Los jefes regionales del PP han pactado tres de estas cuatro reformas con el PSOE –quedó fuera la catalana–, a veces sin demasiado runrún y otras con cambios de postura que aparentemente han chocado con las premisas dictadas desde la sede central de la madrileña calle Génova. Francisco Camps, parte implicada en una de las exitosas tramas (logró arrastrar al consenso a su rival socialista, Joan Ignasi Pla),
negó ayer que exista fricción alguna entre lamatriz del PP y los barones autonómicos. “Ha sido el Partido Popular en su conjunto el que ha decidido no quedarse atrás en la reforma territorial del Estado porque las cúpulas regionales son en realidad el mismo PP”. Camps recordó que sólo han superado la criba los textos adaptados a la doble condición impuesta por el presidente del partido, Mariano Rajoy, antes de que se abriera el melón: entendimiento entre los dos grandes partidos españoles y respeto a la Constitución. “Es lo que
hemos hecho tanto en Valencia como en Andalucía”, zanjó. Las discrepancias son un producto indeseable para la clase dirigente.

El socialismo ha aprovechado recientemente el remozamiento del Estatuto andaluz para subrayar las contradicciones derivadas del discurso central –personalizado en este caso en el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana– y del periférico –asumido por el presidente del PP-A, Javier Arenas–. Camps encaró esta cuestión sin vacilar. “La polémica no existe; todos estamos alineados con las propuestas onstitucionales”. La frase no oculta el resquemor que en las filas populares ha generado la definición de Andalucía en el Preámbulo estatutario como “realidad nacional”, término que Arenas consideraba en primera instancia inaceptable pero que acabó tolerando tras un par de referencias a la Carta Magna. El propio Rajoy tachó el concepto de filigrana. La fórmula valenciana ha sido menos funambulista porque recurre a la clásica “nacionalidad histórica” para clasificarse. Camps argumentó, sin embargo, los motivos por los que ni PP ni PSOE defendieron la percepción de determinadas cantidades en concepto de deuda histórica. “Si revisamos la historia es casi imposible saber quién hizo qué.No nos sirve apelar a eso. Nuestra expectativa es pertenecer a la nación española”.