Cinta Castillo anuncia la eliminación del 85% de los trámites ambientales

La consejera defiende una agilización de la Administración y asegura que durante esta legislatura aumentará la protección a través de la Ley de Aguas

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, acudió ayer al Foro Joly para negar, hasta en tres ocasiones, que su departamento vaya a revisar la legislación ambiental en un momento de crisis económica. Ésta es una de las principales críticas que ha recibido de los grupos conservacionistas desde que tomó posesión de
su cargo el pasado abril y que se ha reactivado en las últimas semanas después de que el PSOE promoviera en el parlamento la revisión de siete leyes medioambientales. La consejera, que protagonizó un Foro Joly patrocinado por Sando, sí avanzó un inminente plan de su Consejería para agilizar la tramitación de los procesos administrativos. “Quiero dejar claro que no vamos a reducir un ápice el nivel de protección y no vamos a emprender ninguna modificación de nuestras leyes ambientales por este motivo”, sentenció la consejera onubense que fue presentada en su intervención por el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez.

La responsable de Medio Ambiente realizó en su discurso un desglose de los principales retos de su departamento durante esta legislatura –“un trabajo en el que no puede haber lugar a la autocomplaciencia”,
según dijo– dedicando especial atención a su plan para “agilizar y racionalizar la carga burocrática para nuestros ciudadanos y nuestras empresas”. Esta iniciativa, según detalló, llevará a la eliminación del 85% de los procedimientos para lograr una autorización ambiental, pasado de los 789 actuales a 126. En el caso de los trámites en los espacios protegidos éstos se reducirá a la mitad para dejarlos en medio centenar. Castillo dijo compartir las inquietudes de los alcaldes de municipios en espacios naturales “por la lentitud con la que a veces afrontamos desde la Administración sus demandas y proyectos. Reconoció también la consejera que el actual volumen de autorizaciones “lleva a que aburramos o disuadamos al ciudadano de cualquier actividad emprendedora”. Medio Ambiente prevé una eliminación de las duplicidades en las autorizaciones para actividades afectadas por distintas leyes; o poner en marcha la respuesta inmediata, con un plazo máximo
de tres días para un importante número de iniciativas en los espacios naturales. La agilización de los trámites y el incremento de la obra pública fueron dos de las acciones defendidas por la consejera para hacer de la actividad económica que genera el medio ambiente un salvavidas para el empleo en estos tiempos de crisis ya que “lejos de ser un freno, conforma todo un activo económico”, afirmó.

Cinta Castillo recordó que ya son 5.000 las empresas relacionadas con este sector en Andalucía que generan 100.000 empleos. “Tenemos un potencial ambiental como no hay otro en el mundo, con la mitad del territorio
considerado forestal y 2,5 millones de hectáreas protegidas, unas zonas que son fuente de ingresos y riquezas para muchos andaluces”, argumentó la consejera que desde su departamento invertirán 1.000 millones de euros en el próximo año, la mitad de ellos para obras hidráulicas. Esta cifra hace de Medio Ambiente la segunda Consejería por volumen de inversión del Gobierno andaluz, sólo superada por Obras Públicas. “Me gustaría en los próximos años contribuir a demostrar con claridad que conservación y progreso
son compatibles, que el desarrollo sostenible es posible y además necesario”, sostuvo la consejera que también lanzó un mensaje al sector empresarial, con una amplia presencia en el foro encabezada por el presidente de la CEA, Santiago Herrero. “La sostenibilidad debe ser la mejor garantía para la viabilidad y
éxito de nuestro tejido productivo. No hay argumentos que puedan cuestionar la idoneidad de crecer aplicando los criterios de sostenibilidad”, consideró en su discurso la responsable de Medio Ambiente para la que “cualquier empresa que no tenga en cuenta estos valores ambientales estará ineludiblemente hipotecando su futuro y abocándose al fracaso”.

Sí se felicitó por el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria andaluza y que le permite ya a la comunidad autónoma cumplir con los objetivos europeos en la lucha contra el cambio climático
en emisiones industriales. “Todo esto gracias al trabajo, en buena parte voluntario, realizado por los empresarios”, matizó. Castillo presentó así una mirada positiva por el grado de cumplimiento del Plan Andaluz por el Clima, con la aplicación del 65% de las 140 medidas propuestas hace un año, aunque la consejera de Medio Ambiente apostó por ir un paso más allá. “En la reciente cumbre de Poznan, la delegación española ha asumido objetivos que se sitúan por encima de los consensuados, y en esa línea vamos a estar también nosotros, convencidos de que esta lucha es una apuesta competitiva para Andalucía”, enfatizó la titular de
Medio Ambiente que avanzó una partida de 735 millones de euros en la lucha contra el calentamiento global, buena parte de ellos consignados en el programa Ciudad 21, aplicando la máxima de “actuar desde lo local contra los grandes problemas globales”.

La consejera deja en Madrid el futuro del oleoducto

El Consejo de Participación de Doñana se reúne hoy (17 de diciembre de 2008) para valorar la oportunidad de que un nuevo oleoducto atraviese las provincias de Huelva y Sevilla, afectando el entorno del espacio protegido, para hacer viable una nueva refinería en Extremadura. Los grupos Ecologistas en Acción, SEO, Adena, Greenpeace y Amigos de la Tierra, enfrentados con la Junta por este asunto, denunciaron que esta infraestructura supondrá la destrucción de 1.200 puestos de trabajo en la agricultura.

Cinta Castillo reconoció ayer que las posturas están enfrentadas en el Consejo de Participación entre la administración autonómica y los ecologistas y defendió un pronunciamiento de este organismo en el que requiera al Ministerio de Industria que respalde las alegaciones de la Junta al proyecto “y corrija los riesgos que puedan darse con esta infraestructuras”. “Será el Gobierno central, con los ministerios de Industria y Medio Ambiente, el que diga si este proyecto es viable o no, en cualquier caso, lo que diga el Consejo de Participación hoy no es vinculante”, consideró Cinta Castillo que argumentó que poco más puede hacer sobre este asunto más allá de las alegaciones presentadas.