ElGobierno prepara una ley que combatirá la corrupción urbanística en los municipios

El Gobierno central se ha marcado como uno de sus principales retos la lucha contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos. Por ello prepara un conjunto de medidas en el marco de la nueva ley que regulará el gobierno y las competencias locales, al tiempo que aumentará “la transparencia en la acción pública local”. Así lo anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en el Foro Joly Andalucía celebrado en el Hotel NH de Málaga y en el que pronunció la conferencia «Por un Estatuto de Autonomía municipalista».

Durante su intervención, Sevilla relató algunas de las acciones que formarán parte de esta norma,paralizada, según dijo, por la negativa del PP a aprobarla tras años de trabajo, y que tienen por objeto lanzar “un claro mensaje” a la sociedad de que “puede confiar en su Administración local”. En este sentido, señaló como uno de los preceptos a implantar la obligación a la que serán sometidos los alcaldes y ediles de cumplir las mismas incompatibilidades que tienen los miembros del Gobiernode la nación. Asimismo, aludió a la importancia de adoptar disposiciones que permitanfacilitaruna“mayor transparencia” de la actividad de los ayuntamientos y, “especialmente de todo lo relacionado con el urbanismo”. “Es la principal fuente de los puntuales fenómenos de corrupción detectados en el ámbito local en España”, apostilló. Y en esta estrategia política subrayó la trascendencia de incorporar al contexto de las administraciones la exigencia de que tanto los concejales como el resto de ciudadanos tengan acceso, copia y certificaciones de todas las acciones vinculadas al urbanismo.

También hizo hincapié en que para poder aumentar el control sobre esta materia debe ser el Pleno municipal el que trate y acuerde el planeamiento y los convenios urbanísticos. El máximo responsable de Administraciones Públicas abundó en la necesidad de fomentar la participación de la ciudadanía en el planeamiento y el que sean obligatorios para dar luz verde a un plan general o un acuerdo urbanístico los informes que en este momento son sólo preceptivos, como los referentes al suministrode agua o los accesos.
Sin bien buena parte de la conferencia del ministro giró sobre la necesidad de fortalecer los medios del Estado para evitar la corrupción en los ayuntamientos, Sevilla fue claro al afirmar que no se trata de un fenómeno generalizado. “No pueden existir dudas de que, salvo determinadas excepciones, nuestros alcaldes
y concejales llevan a cabo su labor con total honradez y de forma abnegada y admirable”, manifestó, al tiempo que recordó que él es el primer ministro de Administraciones Públicas que ha acudido al Senado para proponer la disolución de un Ayuntamiento, el de Marbella.

Tampoco tuvo dudas a la hora de negar cualquier relación entre los problemas de financiación que sufren las corporaciones locales y los casos de corrupción detectados en los últimos años. A este respecto, vino a comentar que en aquellas localidades en las que se han registrado irregularidades se ha constatado la existencia de personas que “se llevaban el dinero”, pero no de que se haya destinado ese capital a la mejora
delpropio municipio. A pesar de ello, admitió que la situación actual de los ayuntamientos españoles “está bastante lejos de ser satisfactoria”, al enfrentarse a “se rios problemas” a la hora de prestar los servicios públicos que les exigen los ciudadanos.

Ante un auditorio de unas 200 personas, entre los que se encontraban los consejeros de Presidencia y de Justicia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y María José López, respectivamente; el alcalde deMálaga, Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, el ministro aprovechó para criticar la postura adoptada por el Partido Popular en relación a la Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, con la que se pretende dotar a los municipios de “competencias claras y de un modelo de gestión plenamente operativo y democrático”. Sobre este asunto, no dudó en responsabilizar a los populares del retraso que acumula la tramitación de la norma e indicó que aunque matemáticamente no es necesario su apoyo, la intención del Gobierno es hacer “un último esfuerzo” que permita el acuerdo. En caso de una nueva negativa, el Ejecutivo impulsará su aprobación. “Pretendemos ayuntamientos más eficaces en la prestación de servicios, mayor calidad democrática de la vida política local y mejores medidas de control para atajar la corrupción”, declaró.

Sevilla garantiza el pago de la deuda histórica andaluza

El pago de la denominada deuda histórica contraída con Andalucía no corre ningún peligro. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, fue tajante ayer al afirmar que el Gobierno “la pagará”. “El Gobierno
cumple con las leyes y éste es un tema que queda perfectamente recogido en el Estatuto de Andalucía”,
comentó Sevilla. La posición del ministro se mantiene incluso a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se desestimaba el recurso presentado por el Parlamento andaluz contra la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1998 por la no inclusión de una partida para pagar la llamada deuda histórica.

A este respecto, el ministro recordó que lo que hace la decisión del Constitucional es reconocer la “legitimidad” de la reclamación autonómica y “obliga al Gobierno de la nación, sea cual sea, a negociar con la Junta de Andalucía, sea cual sea, el pago de la misma”. En este sentido, consideró que se trata de un “espaldarazo” para la reivindicación que desde años se viene realizando la desde la comunidad autónoma
andaluza. Asimismo, informó, en el marco del Foro Joly Andalucía, celebrado ayer en Málaga, que una vez la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía sea aprobado en referéndum, que se celebrará el próximo 18 de febrero, se darán los pasos necesarios para negociar la manera en que se abonará. La inclusión del pago de la deuda histórica ya aparece recogida en el Estatuto autonómico, según el propio ministro de Administraciones Públicas.

En relación al proceso de reforma de los estatutos autonómicos, Sevilla recordó cómo hace año y medio el panorama político estaba dominado por el “debate territorial”, con mensajes bastantes “alarmistas” del estilo: «España se rompe”. Sin embargo, año y medio después “ni España se ha roto ni la actualidad está ya dominada por la cuestión autonómica”. Y todo ello después de que las Cortes Generales del Estado hayan dado su aprobación a los nuevos textos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía y de que gran
parte del resto de regiones hayan iniciado también el proceso de modificación y modernización de sus estatutos.